El subsecretario de Industria, Energía y Minería, Daniel Olesker, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, completaron el panel de Competitividad para crecer con una mirada centrada en política industrial, energía y los desafíos estructurales del desarrollo uruguayo.
Olesker destacó que el Ministerio de Industria, Energía y Minería presentó el 16 de julio, en el marco de la Semana de la Industria, el primer documento integral de política industrial desde 2014, con foco en empleo, innovación, diversificación de productos y de mercados.
Señaló que Uruguay tiene una matriz exportadora muy concentrada, y que al descontar los productos menos elaborados, solo 44% de las exportaciones corresponde a bienes industrializados, lo que reafirma la necesidad de diversificar tanto la producción como los destinos comerciales.
Mencionó como sectores priorizados la cadena forestal, la farmacéutica, las autopartes y la maquinaria agrícola, esta última para reducir la dependencia del sector agropecuario de equipos importados.
En materia energética, remarcó que el consumo eléctrico industrial ya supera a la suma del resto de las fuentes energéticas, y que a eso se suma la generación propia de energía por biomasa en varias empresas grandes. Sobre la actual coyuntura de precios internacionales de combustibles, valoró la decisión de no trasladar el impacto directo a consumidores y productores.
De cara a lo que definió como la segunda transición energética, ubicó como ejes la electrificación del transporte colectivo, el aumento de la electrificación en los usos finales de la economía y el crecimiento del gas natural por una mayor producción en Vaca Muerta, que prevé un incremento de 15% en el consumo este año, al que calificó como un "second best" frente a combustibles fósiles más contaminantes.
Advirtió que la descarbonización tiene efectos fiscales que exigen una transición gradual, cautelosa y justa, con atención también a los impactos laborales.
Sobre gestión energética, planteó que buena parte de la eficiencia no depende solo de precios o disponibilidad de recursos, sino de decisiones de gestión empresarial, como producir en los momentos de menor costo energético. Mencionó un llamado del Ministerio para proyectos de innovación tecnológica en el uso de la energía, con casos como la electrificación del secado industrial en Cementos Artigas.
Sobre tarifas, remarcó que las comparaciones deben hacerse frente a países con sistemas comparables, como Argentina y Chile, y no frente a Paraguay, que definió como un caso aparte por su energía más barata pero con cortes frecuentes. Sostuvo que, al comparar en paridad de poder de compra, Uruguay se ubica en una "posición intermedia" en tarifas industriales, aunque reconoció que hay margen para mejorarla.
Arim, sin recetas únicas para el desarrollo
Arim planteó tres premisas de diagnóstico sobre el país. Uruguay tiene un ingreso per cápita que en 2026 rondaría los US$ 30.000, muy por encima del promedio regional; atraviesa una transición demográfica avanzada, con el mayor envejecimiento poblacional de la región y una meseta en su población total; y presenta una tasa de inversión pública y privada relativamente baja, en torno a 15% o 16% del PIB, salvo en períodos con proyectos de gran magnitud, cuando llegó a acercarse a 20%.
Citando al economista de Harvard Dani Rodrik, advirtió contra las recetas únicas de desarrollo y remarcó que liberalizar mercados y lograr estabilidad macroeconómica no alcanza por sí solo para encender el crecimiento en países de ingreso medio-alto como Uruguay, expuestos a lo que definió como la "trampa de los ingresos medios".
Ubicó como activos del país las reglas claras, la estabilidad democrática, la cohesión social y los mecanismos de relacionamiento político, condiciones necesarias pero no suficientes.
Entre los desafíos pendientes, mencionó el acceso al financiamiento de mediano y largo plazo para las pequeñas y medianas empresas, que representan más de 60% del empleo privado uruguayo, y la ley de simplificación de trámites y reducción de costos de transacción actualmente en el Parlamento.
Coincidió con Etcheverry y Olesker en la centralidad de la logística y la energía, y remarcó que en Uruguay, por escala y concentración geográfica, la articulación público-privada en logística resulta imprescindible.
Puso al riego como ejemplo concreto de esa complementariedad necesaria entre decisiones de inversión y definición de política pública. Señaló que se trata de un desafío que combina mecanismos energéticos, financiamiento, definición de contratos y acceso al recurso agua, y lo calificó como "un insumo de política" imprescindible para las apuestas productivas que el país quiere impulsar.
Como quinto punto, señaló la necesidad de construir puentes sistemáticos entre la generación de conocimiento y el sector productivo, y mencionó la reciente inauguración del Centro de Referencia de Inteligencia Artificial de Uruguay como un paso en esa dirección.
Cerró con una referencia a la "inteligencia comercial" en un contexto de reglas comerciales globales cada vez más inestables, con el acuerdo con la Unión Europea como el más relevante de los suscritos recientemente, y ubicó a la Estrategia Nacional de Desarrollo como el espacio para transformar esos nudos problemáticos en instrumentos concretos de política.
