El Poder Ejecutivo presentó este miércoles una iniciativa con más de 240 artículos que, entre sus ejes centrales, apunta a digitalizar la cadena cárnica, habilitar la elaboración artesanal en el campo y reducir la carga burocrática que pesa sobre el sector.
Hay trámites en el sector agropecuario que hoy exigen información que el propio Estado ya tiene. Hay registros que vencen cada cinco años y obligan a presentar documentación completa de nuevo. Hay productores familiares que elaboran quesos, miel o chacinados sin poder formalizarse porque el sistema no tiene un carril pensado para ellos. El proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, presentado este miércoles por cuatro ministerios, apunta a cambiar eso.
“Desde las gremiales hace 30 años se reclama por la simplificación de trámites”, dijo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti. “Eso es menos papeles y menos formularios”, destacó.
La cadena cárnica se digitaliza
Una de las medidas más concretas para el sector es la creación del Sistema de Registro y Gestión Comercial y Certificación (SRGCC), orientado a la digitalización integral de la cadena cárnica. El objetivo es simplificar y fortalecer los procesos de gestión comercial y certificación, mejorar la trazabilidad de la información, reducir costos y tiempos de trámites, y fortalecer los controles sanitarios.
El gobierno lo presenta también como una herramienta para fortalecer la competitividad exportadora del sector. Fratti mencionó específicamente la plataforma de INAC como un ejemplo del tipo de iniciativa que agiliza la información del sector y reduce los tiempos de espera, que hoy son considerables.
El productor familiar, con su propio carril
El proyecto incorpora un régimen simplificado para habilitar la elaboración artesanal de la producción familiar agropecuaria. Quesos, chacinados, conservas, miel, tejidos y turismo rural desarrollados por productores familiares podrán acceder a un proceso de habilitación diferenciado, pensado para facilitar que agreguen valor, diversifiquen ingresos y se formalicen gradualmente. Hoy muchas de estas actividades operan en un limbo regulatorio que desalienta la formalización sin eliminar la actividad.
Registros más largos, menos duplicaciones
Más allá de las medidas sectoriales, el proyecto introduce cambios transversales que impactan directamente en la operativa agropecuaria. Los registros sanitarios, fitosanitarios, técnicos y ambientales pasan de 5 a 10 años de vigencia, equiparándose a lo que rige en Argentina y Brasil. La renovación se hará por declaración jurada, sin necesidad de presentar toda la documentación nuevamente, y se elimina la obligación de traducir documentos en inglés o portugués.
Se avanza también en interoperabilidad: el proyecto establece el mandato de que los organismos del Estado compartan información entre sí a través del Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos. En minería, un ejemplo concreto: información que antes debía solicitarse al Catastro podrá ser generada directamente por DINAMIGE, sin que el privado tenga que gestionarla por separado.
El proyecto ingresa al Parlamento la semana próxima, donde podrá ser modificado en el proceso legislativo.
