La Sociedad Rural de Río Negro y la Mesa Empresarial de Young emitieron un comunicado público en respaldo al Directorio de Claldy, que atraviesa un profundo proceso de reestructura. Las gremiales destacaron la relevancia de la empresa como motor de la cuenca lechera regional y pilar de la economía local, y afirmaron su compromiso de apoyar las acciones que permitan asegurar la viabilidad y relanzar la industria.
El documento señala que, en contextos de dificultad, las decisiones “no siempre son las más fáciles ni deseadas, pero deben orientarse a optimizar la productividad de los procesos”. Asimismo, reivindica el “legítimo derecho de propiedad y de toma de decisiones del empresario, quien asume los riesgos y debe garantizar la rentabilidad para la sustentabilidad del negocio y los genuinos puestos de trabajo”.
Las gremiales advirtieron que, si bien los trabajadores tienen derecho a organizarse sindicalmente, “eso no les confiere atribuciones para definir políticas empresariales”. Reconocieron también que Claldy sostiene parte importante de la economía de Young y su área de influencia, “no sólo por los salarios directos, sino por el impacto en toda la cadena productiva que depende de la industria”.
Reunión con productores remitentes
En paralelo, productores nucleados en la Asociación de Productores de Leche de Paysandú (Aplp), que actualmente remiten su producción a Claldy, se reunieron con representantes de la empresa en Young para conocer de primera mano la situación, tras el anuncio del despido de 50 funcionarios.
Gerardo De Souza, dirigente de la Aplp, explicó a El Telégrafo que la preocupación surgió a partir de versiones cruzadas entre sindicato e industria y de la confirmación de que “la viabilidad de la empresa está bastante comprometida”.
El grupo de remitentes aporta alrededor del 30% de la leche procesada por Claldy, y su dirigente recordó que desde hace seis años trabajan en conjunto con la industria. “Siempre actuamos en solidaridad con la fuente de trabajo”, dijo, recordando que en 2019 trasladaron su producción desde PILI, tras el cierre de esa planta.
De Souza pidió al Gobierno que, considerando la experiencia vivida con PILI, “haga todos los esfuerzos para que esto llegue a buen puerto”, ya que una eventual pérdida de la planta afectaría a productores y trabajadores del norte del país.
Recordó que aún queda pendiente el cobro de dos meses de remisiones de 2018 tras el cierre de PILI, lo que influye en el ánimo de los productores: “El comportamiento de los productores es admirable, pese a las pérdidas sufridas”.
Visión de la empresa
Por su parte, Daniel Reimer, representante de Claldy, aseguró que “hay Claldy para rato” y que la reestructura es “dolorosa pero necesaria” para mantener una industria eficiente. Explicó que el plan incluye actualización de maquinaria y mejoras en productividad, y denunció que parte del personal “está boicoteando estos cambios”, situación que la empresa busca resolver.
Reimer subrayó que la compañía utiliza desde hace casi 20 años un sistema de evaluación de desempeño, y que se consideran criterios sociales antes de tomar decisiones sobre empleados con baja productividad. Negó que los despidos se financien con el Fondo de Reconversión de la Industria Láctea, asegurando que esos recursos se destinan a la compra de maquinaria.
Reconoció que el parque de equipos es añejo y que la falta de mantenimiento preventivo deterioró su estado, motivo por el cual se están realizando inversiones para revertir la situación. Sobre posibles medidas sindicales, dijo que “estamos dispuestos al diálogo en la mesa de negociación del Ministerio de Trabajo”.
Respecto al costo de los despidos —estimado en medio millón de dólares— Reimer afirmó: “Tenemos que priorizar al resto de las 200 personas de la plantilla. Para que haya Claldy, tiene que haber personal, y debemos enfocarnos en quienes están”.
