La Comisión Europea anunció nuevas medidas para reducir la carga burocrática vinculada a su legislación contra la deforestación, que entrará en vigor a fines de este año. Con el objetivo de reducir costos para las empresas, se espera que los cambios también tengan un impacto positivo sobre los exportadores. La flexibilización de las normas responde tanto a preocupaciones económicas como a dinámicas geopolíticas cambiantes.
La ley está diseñada para bloquear el acceso al mercado de la Unión Europea a siete productos clave producidos en áreas deforestadas después de fines de 2020. Estos incluyen soja, carne vacuna, café, madera, aceite de palma, caucho y cacao, así como sus derivados como cuero, chocolate, neumáticos y muebles.
Los exportadores deberán presentar pruebas documentadas de que sus productos no están vinculados a deforestación posterior a 2020 antes de poder venderlos en cualquiera de los 27 Estados miembros de la UE.
Ahora, bajo la presión de los importadores, la Comisión ha introducido un paquete de medidas de simplificación, que Bruselas afirma podrían reducir en un 30% los costos administrativos y las cargas de cumplimiento para las empresas.
Entre los cambios, la UE reducirá la frecuencia con la que los exportadores deben presentar documentación que pruebe el origen del producto. La Comisión Europea sostiene que esto ayudará a garantizar que la ley se implemente de manera “simple, justa y rentable”.
Para los productos que fueron originalmente exportados por la UE y luego reimportados, las grandes empresas ahora podrán reutilizar las declaraciones de diligencia debida realizadas antes de la exportación original. Esto significa que se necesitarán menos actualizaciones en el sistema de información de la UE.
Las empresas también podrán presentar declaraciones de diligencia debida de forma anual, en lugar de hacerlo por cada envío individual o lote de productos que ingrese a la UE.
En otro cambio, ahora se permitirá que un representante autorizado presente una declaración en nombre de un grupo de empresas.
Las grandes compañías se beneficiarán de una mayor simplificación. Podrán referenciar los números de declaración de diligencia debida (DDD) de sus proveedores y usarlos en sus propias presentaciones ante la UE.
Funcionarios de la UE también confirmaron que están finalizando un sistema de clasificación de países que evaluará el riesgo de deforestación por país. Esta clasificación influirá en el nivel de control que reciban los productos de cada país. Se prevé que este sistema sea adoptado antes del 30 de junio de 2025, tras una consulta con los Estados miembros.
La ley contra la deforestación podría afectar alrededor del 34% de las exportaciones brasileñas a la UE—envíos por un valor estimado en aproximadamente US$ 17.500 millones en 2022, según datos compartidos el año pasado por el gobierno brasileño.
Los expertos señalan que este giro era previsible. Para muchos observadores, se trataba de una corrección necesaria, ya que el sistema original era visto como excesivamente complejo y perjudicial incluso para la competitividad de las propias empresas europeas.
También destacan el contexto geopolítico más amplio. En un mundo marcado por una creciente inestabilidad, garantizar el acceso a suministros clave de materias primas se ha vuelto más urgente. Los cambios anunciados en Bruselas responden a demandas históricas de la industria europea y forman parte de un esfuerzo por mantener flujos comerciales más estables.
Fuente: Valor
