El economista Ignacio Munyo, director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), expuso este miércoles 3 ante unos 500 empresarios en el Radisson Victoria Plaza sobre “Uruguay en un laberinto complaciente”, una presentación que acompañó con una pregunta central: “Se puede salir?”.
Esa pregunta admite una respuesta afirmativa si el país aprovecha el avance sustancial logrado para ingresar al Acuerdo Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) y las oportunidades que se abren para acceder a la OCDE, según se desprende de la conferencia de Munyo.
Son procesos distintos, pero ambos —en formas diferentes— pueden impulsar y respaldar técnicamente un conjunto de reformas clave para impulsar el desarrollo del país.
Uruguay dio un paso relevante en su estrategia de inserción internacional. El 21 de noviembre dejó de ser un país “aspirante” al Acuerdo Transpacífico y pasó a integrar la lista de adhesiones aprobadas por sus miembros. Eso habilita la negociación formal para sumarse a uno de los bloques económicos más dinámicos del mundo, que reúne a 600 millones de personas y cerca del 15% de la producción global.
Los exportadores apoyan de forma nítida el ingreso, porque brinda acceso mejorado a mercados decisivos como Japón, Reino Unido, Canadá y Vietnam. Uno de los puntos más sensibles será el capítulo sobre empresas públicas y compras estatales, dos asuntos que probablemente generarán un debate en el partido de gobierno.
La otra gran oportunidad es la posibilidad de que Uruguay ingrese a la OCDE. El organismo, fundado en 1961 y que hoy reúne a 38 países responsables del 65% del PBI global, funciona como un estándar internacional de calidad institucional. Ingresar implica adoptar buenas prácticas y acceder a evaluaciones comparadas en políticas públicas.
Uruguay lograría contar con asistencia técnica de alto nivel, diagnósticos rigurosos y un sello que mejora la credibilidad. En un mundo donde los mercados valoran la previsibilidad y la sostenibilidad, esa señal pesa.
El clima político interno acompaña. Dos de cada tres legisladores, tanto en la legislatura pasada como en la actual, apoyaron iniciar el proceso hacia la membresía plena a la OCDE, según las dos últimas “Radiografía parlamentaria” de CERES, que recoge la opinión de los integrantes de la Asamblea General del período anterior y el actual (2025-2030).
Quedó claro que hay una oportunidad concreta para iniciar el proceso de ingreso a la OCDE tras la reunión que el ministro de Economía, Gabriel Oddone,y su equipo mantuvieron este martes en París con las principales autoridades del organismo.
El director de CERES sostiene que esos dos ámbitos pueden ayudar a superar tres problemas que, desde hace mucho tiempo, frenan avances sustanciales en la economía y dificultan la recuperación de la cohesión social, y que podrían encauzarse con esta nueva dinámica internacional a la que apunta el país.
Trancas regulatorias
En primer lugar, mencionó los obstáculos regulatorios, un conjunto de normas que aumentan la intervención de la burocracia aun cuando parten de buenas intenciones. Ese entramado termina generando mayores costos administrativos, alimenta la desconfianza hacia el Estado y repercute de forma negativa en el costo de vida, la productividad y la innovación.
En este sentido, planteó una hoja de ruta para adecuar la regulación en el país, en la que se viene avanzando.
El drama de la seguridad
En segundo lugar, se refirió al “callejón oscuro de la seguridad” marcado por el avance del narcotráfico. Uruguay se ha consolidado como territorio de tránsito y acopio de cocaína, en el que intervienen grupos de alcance internacional. En un sistema penitenciario desbordado, las cárceles y su entorno se han convertido en centros de operaciones y reclutamiento para la venta y el tráfico de estupefacientes.
La situación carcelaria, una de las prioridades que CERES llevó a los encuentros de seguridad convocados por el Poder Ejecutivo, es crítica y su reversión depende de las decisiones de las autoridades.
El avance del narcotráfico es un motor que siempre pone en marcha la violencia urbana, y está comprobado su impacto negativo en el clima de negocios y en la captación de inversiones.
Una reforma educativa en serio
En tercer lugar, el conferencista alertó sobre “la escalera rota de la educación”, una metáfora que describe el fracaso del sistema educativo, evidente en los altos niveles de abandono escolar y en la insuficiencia de los aprendizajes al compararlos con América Latina y con los países de la OCDE.
Mencionó medidas que ya están en marcha, pero consideró que son insuficientes para cambios que requieren mayor profundidad, impacto real, sostenibilidad, solidez y una decisión política firme.
En ese sentido, propuso un plan que tenga un impacto directo en un alumnado que abandona los estudios por falta de interés en la propuesta actual.
En concreto, argumentó a favor de la “formación dual”, un modelo que combina, de manera sistemática y estructurada, aprendizaje en centros educativos con práctica en empresas.
Hizo referencia a un estudio reciente de CERES que mostró los beneficios que significa “aprender haciendo”, la participación directa de las empresas y las competencias laborales reales. La reducción del abandono en alumnos inmersos en este sistema es significativa, según la investigación.
La inercia del gasto público
La aproximación al Transpacífico y a la OCDE, también serían de gran apoyo para encarar el condicionante histórico que representa la tendencia creciente del gasto público.
Munyo lo ilustró con un gráfico que muestra la evolución desde 1910 hasta 2025, donde se observa con claridad el fuerte aumento del tamaño del Estado a partir de 2005 y la proyección de ese mismo comportamiento hasta 2029.
Se trata de un gasto “atrapado en su propia inercia”, que exige mejorar la eficiencia, revisar la organización del sector público, eliminar competencias superpuestas y fragmentaciones, y avanzar en una reforma de la carrera administrativa.
El enfriamiento de la economía, la falta de nuevas inversiones y un panorama internacional y regional incierto —tal como planteó Munyo ante los empresarios— dibujan un escenario sin señales claras, que se agrava con el nivel actual y futuro de encarecimiento del país y exige reformas más rápidas y profundas.
En ese marco, el director de CERES reconoció el “ritmo lento” propio de la cultura política gradualista del país, aunque advirtió que no puede convertirse en un obstáculo insalvable ni en una excusa para seguir postergando reformas que llevan años empantanadas en un “laberinto complaciente”.
