El Poder Ejecutivo respondió este miércoles a un informe del Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP) que sostuvo que, entre marzo y diciembre de 2025, los uruguayos pagaron US$ 88 millones de “sobreprecios” por la nafta y el gasoil, tomando como referencia el Precio de Paridad de Importación (PPI), por lo que Ancap habría captado una “renta monopólica”.
Además, según ese trabajo del CEPP, a ese sobreprecio se sumaron pérdidas por US$ 44 millones en el supergás, producto del fuerte subsidio que tiene este combustible.
A través de una aclaración oficial, los ministerios de Economía e Industria, Energía y Minería, sostuvo que esa interpretación del CEPP es incorrecta y que la metodología vigente de fijación de precios no tiene objetivos de financiamiento fiscal, sino que apunta a sostener el subsidio al supergás, tanto en su modalidad general como focalizada.
En el comunicado, se recuerda que en mayo de 2025 se introdujeron cambios en el esquema de ajuste de combustibles, establecidos en el decreto 130/025, que comenzaron a aplicarse a partir de julio.
Entre las principales modificaciones se destacan la fijación de precios cada dos meses —en lugar de mensual— y la utilización del PPI publicado por la URSEA como referencia, al que se le adiciona un factor de ajuste, inicialmente fijado en $ 1,5 por litro para naftas y gasoil.
Ese factor, subraya el texto, no es nuevo: estaba previsto en la normativa desde 2021 y fue reintroducido para dar financiamiento a un subsidio al supergás que, al inicio del actual período de gobierno, se encontraba sin respaldo presupuestal.
“La metodología de fijación del precio de los combustibles no contiene objetivos de financiamiento del resultado fiscal”, remarca el documento.
Con base en las ventas efectivas de 2025 —unos 960 millones de litros de nafta y 1.100 millones de litros de gasoil—, el gobierno estima que la recaudación anual asociada a ese factor de ajuste se ubicó en torno a US$ 52 millones, una cifra que coincide con el costo total del subsidio al supergás en el mismo período.
De ese monto, US$ 30 millones correspondieron al subsidio general y US$ 22 millones al subsidio focalizado destinado a población vulnerable, que cubre el 50% del precio de la garrafa.
El Ejecutivo también cuestionó la forma en que el CEPP calculó la supuesta brecha entre el precio en planta de ANCAP y el PPI. Señaló que equiparar esa diferencia —estimada en torno a US$ 90 millones— con una “renta monopólica” implica una sobreestimación, ya que el precio en planta incluye el costo del flete secundario (alrededor de $ 1 por litro), que no forma parte del PPI publicado por la URSEA.
“Por tanto, la recaudación derivada de la fijación del precio de los combustibles por encima del valor del PPI se ubicó en un valor equivalente al costo del subsidio al supergás”, indica el comunicado, y enfatiza que ese resultado fue anunciado y previsto dentro de la política definida.
De cara a 2026, y considerando la evolución de los precios internacionales y las demandas previstas, el gobierno adelantó que el factor de ajuste será reducido de $ 1,5 a $ 1,2 por litro, tal como establece el decreto 312/025, lo que abre la puerta a una menor carga sobre los combustibles líquidos, manteniendo al mismo tiempo el esquema de subsidio a la garrafa.
