La situación en Argentina es cada vez peor. La economía muestra su peor cara, con todos los indicadores cayendo, al igual que la confianza de los agentes fundamentales para el funcionamiento del país: las empresas y las familias.
Esto lleva a la retracción y caída del consumo y de la inversión, lo que deteriora cada vez más rápido la situación financiera y política de la actual administración.
La última novedad hasta el viernes de la semana anterior, fue la calificación de la deuda argentina en la categoría de ‘’Default Selectivo’’ por parte de Standard & Poors, una de las principales agencias calificadoras mundiales de riesgo. Su trabajo consiste en informar a los inversores institucionales (aquellos que eventualmente estén dispuestos a prestarle asistencia financiera a los países) cuál es el valor de los bonos argentinos, el que se refleja en la diferencia de tasa que pagan éstos con respecto a los del Tesoro de EEUU. Ni más ni menos que el ‘’riesgo país’’.
Tras la conferencia de prensa encabezada por el flamante ministro de economía, Hernán Lacunza, el gobierno argentino comunicó los detalles del ‘’reperfilamiento’’ de los plazos de vencimiento de los pasivos argentinos de corto plazo. Esto, dio pie para que posteriormente, las calificadoras de riesgo, colocaran al país bajo ese nuevo status.
El viernes, el gobierno informó las medidas para imponer el control de cambios. Esto, empieza a ejercer limitaciones sobre los giros de dinero al exterior, particularmente para las ganancias de empresas multinacionales con sede en el país. Además, se dio el detalle de una serie de medidas que empieza a hacer recordar el último semestre de 2001.
A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial este domingo 1º de setiembre, el gobierno anunció la restricción de compra de dólares, la obligación de exportadores de liquidar divisas y la autorización del pago de impuestos con bonos.
Las medidas
En cuanto a las restricciones para personas físicas solo se podrán comprar hasta US$ 10.000 dólares por mes. Para un monto mayor se deberá pedir -a través de los bancos- una autorización del Banco Central. Según aseguran fuentes oficiales el 90% de las personas que compran dólares en el país no llegan a ese monto.
Además desde la entidad que dirige Guido Sandleris aclararon que no habrá impedimentos para extraer dólares de cuentas para personas físicas ni jurídicas, y que tampoco habrá restricción para viajes.
En cuanto a las trasferencias al exterior, solo se podrá transferir sin autorización el mismo monto máximo permitido para comprar. Es decir no se podrá girar al extranjero más de u$s10.000. Pero, no habrá límites para transferir entre cuentas a nombre la misma persona.
En lo que respecta a las personas jurídicas, se estableció que los exportadores deberán vender las divisas fruto de sus exportaciones en el mercado local dentro de un máximo de 5 días hábiles después del cobro o 180 días después del permiso de embarque. En el caso de los commodities será de 15 días corridos.
También, para este grupo, no habrá restricciones para la importación o pago de deudas a su vencimiento. Pasado ese monto, se deberá pedir una autorización al BCRA que tendrá un área dedicada a este tipo de operación. Las medidas apuntan a que "las empresas no puedan comprar dólares para atesorar", confiaron fuentes oficiales.
En este marco, los bancos estarán habilitados para extender su horario hasta las 17 horas por un mes. Cada entidad decidirá cómo pone en funcionamiento la medida y cómo negocia con el gremios las horas extras que implica este operativo que se extiende hasta fin de mes.
El DNU también establece que los tenedores de algunos títulos de la deuda pública con vencimiento original fuera de límite, podrán dar estos títulos en pago para cancelar obligaciones de la seguridad social, como aportes y contribuciones, vencidas y exigibles al 31 de julio de 2019.
En base a Ámbito Financiero
