Por Ing. Agr. Ms. Agric. Sc. Carlos Ma. Uriarte
A un año de establecido el actual gobierno, es momento de pasar raya y evaluar, en un tono constructivo, lo sucedido referido al sector agropecuario.
Sin caer en apreciaciones personales que no conducen a nada, la primera impresión que tenemos —al menos en lo que se refiere al agro— es que el gobierno actual se ha mostrado distante del campo y que se han priorizado actitudes principalmente políticas frente a los principales problemas que aquejan al sector agropecuario.
Distante cuando, por ejemplo, la emergencia agropecuaria por sequía fue declarada tarde e incompleta. En la primera declaración de emergencia agropecuaria por sequía de este año se habían dejado afuera zonas que estaban sufriendo un grave déficit hídrico, que ya entonces había determinado la pérdida de los maíces de primera. Por suerte, recientemente se anexaron a la declaración todas esas áreas (de color amarillo en el cuadro adjunto).
Distante y político cuando desde el MGAP, antes de declarar la emergencia, se anunció que no había fondos para el Fondo de Emergencia Agropecuaria, cuando el asegurarse de que los haya, una vez que se determina la emergencia, es responsabilidad del Ministerio de Economía.
Pero peor aún: la sequía no ha terminado y hoy día está castigando fuertemente al corazón agrícola del país, en pleno momento de llenado de grano de la soja. Por lo que es muy esperable un impacto muy negativo en el rendimiento de la misma, que es el principal cultivo del país, cuyos números afectan en forma significativa a los ingresos genuinos con que el país cuenta.
Lo que pasó nos recuerda a lo acontecido en los gobiernos anteriores del FA, cuando también hubo reticencia para declarar este tipo de emergencias.
Pero sin lugar a dudas, lo que más afecta a la realidad del agro nacional es la continuación de una política monetaria basada en el atraso cambiario que ya lleva mucho tiempo en el país y que no creemos que sea un tema fácil de cambiar. Porque es una herramienta de política monetaria útil y de aplicación sencilla para cualquier gobierno, sobre todo para transferir recursos cuantiosos de un sector a otro de la sociedad, principalmente del sector exportador al gobierno.
Lo que se debería hacer es, en primer lugar, reconocer el esfuerzo que el sector exportador y el turismo realizan para beneficio del resto del país y, en segundo lugar, instrumentar medidas compensatorias hacia esos sectores que les permitan recuperar al menos algo de la competitividad que el atraso cambiario les hace perder.
Una forma de hacerlo con el agro podría ser impulsando tecnologías que son necesarias para el sector, por ejemplo el riego y el encalado. Pero, en este sentido, para el caso del encalado es llamativo ver que lo que se hizo fue exactamente lo contrario: el gobierno actual no lo considera como inversión a tener en cuenta dentro de la Ley de Promoción de Inversiones, tampoco como gasto beneficiado para el IRAE. Nos parece un grave error que describe la lejanía del gobierno de las necesidades del país agropecuario.
Gracias a los buenos precios internacionales, que son excepcionales para el caso de la carne, el sector cárnico y la lechería están pasando un buen momento. Pero no así la agricultura de secano ni el arroz.
En lo que se refiere a temas que preocupan al sector, además de la sequía y el atraso cambiario, se destaca el de la garrapata. Con respecto a este tema, creemos que se ha generado demasiada expectativa en torno a la vacuna y hemos perdido mucho tiempo mientras se siguen dando muchas muertes de ganado.
El mensaje que le llega al productor, sumado a las dificultades para controlar la plaga, lo asusta y lo lleva a un uso excesivo y abusivo de los recursos químicos, con las sabidas consecuencias (resistencia y residuos en la carne principalmente).
En este desafío el Estado debe estar junto al productor y no enfrente. Se debe cultivar una libertad responsable en vez de la acción punitiva que se ha pregonado, porque la participación de los productores en esta lucha es fundamental.
En el país hay buenas propuestas que aún no se han logrado implementar, como los agentes territoriales, la puesta en marcha nuevamente de los baños oficiales, la facilitación del acceso (sobre todo para los pequeños productores) a baños portátiles y el apoyo a la implementación de controles biológicos.
La otra política en la que el gobierno ha puesto mucho empeño y dinero es el proyecto PROCRIA, al cual apoyamos, pero entendemos que tampoco deberíamos cargarle demasiadas expectativas. Principalmente porque el mismo está enfocado a un determinado estrato de productores (principalmente medianos y pequeños), por lo que no es de esperar que tenga un efecto significativo en los números nacionales. Tendrá un efecto más que nada social, el cual debemos valorar en sus justos términos.
Hay otros temas importantes que tienen en jaque a nuestra ganadería sobre los que, sin embargo, es poco lo que se habla y menos lo que se hace. Por ejemplo, capín annoni y bichera. Urge tratarlos.
No podemos dejar de destacar lo negativo que ha sido el accionar de determinados sindicatos durante este primer año. Sindicatos que ocupan lugares claves dentro del sector exportador y cuyo accionar significó enormes pérdidas para sectores exportadores y para el país. Nos referimos concretamente al que controla las tareas del Puerto de Montevideo, al de la pesca (que por suerte el sector empresarial logró ponerle coto) y principalmente al de la industria láctea, cuyo accionar es demencialmente antipatriótico.
Y todo esto ocurre bajo la mirada de un Ministerio de Trabajo inoperante que mira para el costado.
¿Será porque se puso al zorro a cuidar el gallinero?
Por último, este año es el “Año Internacional de los Pastizales y de los Pastores” y, salvo actitudes personales que mucho valoramos, no vemos que el gobierno lo valore en su justa dimensión, y tememos que perdamos la oportunidad de mostrar nuestra ganadería al mundo. La reciente visita del director general de la FAO, Qu Dongyu, fue un ejemplo de nuestra preocupación, donde muchos pastores uruguayos nos enteramos por la prensa de la misma sin que las instituciones que nos representan, como AUGAP y la Alianza del Pastizal, fueran informadas ni participadas.
Un primer año que nos dejó un sabor amargo y una enorme preocupación acerca de lo que vendrá, sobre todo si se deja de contar con el viento de cola que hoy tienen la ganadería y la lechería.
